La Ley de Contratos Públicos tuvo tardía repercusión en España, esta salió a la palestra el 9 de marzo de 2018, lo que obligó a que estuviera prácticamente dos años sin vigencia por los bloqueos institucionales y las 975 enmiendas agregadas a las 1 081 formuladas por los partidos.
Papel de la Ley de Contratos Públicos en la Unión Europea
Es una normativa que está concebida en las reiterativas exigencias de la Unión Europea, a través de ella se pretende implantar un marco común dirigido a la contratación pública, cuyo objetivo es la reducción en los riesgos de corrupción y el desvió de dinero a distintos países. No obstante, la Comisión Europea estableció una directiva que desde su nacimiento ha tenido choques con la situación del país, originando que la iniciativa no haya tenido éxito alguno por su incumplimiento.
Entre las situaciones de mayor controversia está el anexo del riesgo operacional para aquellos que adjudiquen contratos públicos, quienes tranquilamente pueden perder su inversión. Es una novedosa medida que puso en alerta a los empresarios, conllevando a que tuvieran distintas dudas para sostener una licitación. Por esta razón, incrementaron los problemas de financiación hacia el Estado.
Ley de Contratos Públicos: ¿Representa un fracaso para la estabilidad de las pymes?
Se trata de una normativa que se instauró con falsas promesas de transparencia, una reducción de los trámites y la erradicación de los bloqueos administrativos y burocráticos que históricamente han sucedido. Básicamente, es una ley que nació con la finalidad de regular los contratos referentes a la Administración, pero en la práctica provocó una situación distinta.
Se pudo constatar que el 80 % de los empresarios que poseen una relación comercial específica con el Estado, sostienen que la ley no sirve para nada. Pese a que el objetivo final es la facilitación en las relaciones de las pymes, la Administración y el sector público, esto no ha colado de la mejor manera para las compañías que han participado.
¿Cuál es el monto que debe ser repartido por el Estado?
Luego de dos años de haber entrado en vigencia la ley, el Estado está en la diatriba de repartir unos 140 000 millones de euros (deben ser aprobados por Bruselas), los cuales se destinarán a España en tan solo meses.
Una inmensa porción del dinero debe adjudicarse a lo largo de tres años, constituyéndose como un marco legal y reglamentario que pone en peligro qué tipo de fondos no pueden capturarse; o en su defecto, conocer como debe ser el mejoramiento del tejido productivo español y comprender el delicado escenario económico.
La inmensa mayoría de los fondos van encaminados a las pymes, que para la Unión Europea van a ser compañías medianas que no llegan a los 500 trabajadores. Desafortunadamente, pocas empresas podrán acceder a los fondos de financiación.
Reformas a las Ley de Contratos Públicos
El escenario anterior ha conllevado a que el Gobierno se vea obligado a reformar la ley. Por medio de la vicepresidenta primera de Gobierno, Carmen Calvo, se pudo conocer que el Ejecutivo pretende dar rienda suelta a una moderna Ley de Administración Pública, el cual se enmarca en un decreto ley que mejorará los niveles de coordinación de cada una de las administraciones.
El fin último es maximizar y mejorar la «gestión eficaz» de los fondos europeos que van dirigidos a España. De igual manera, se anunció la reforma sobre la Ley de Contratos del Sector Público y el régimen jurídico que las respalda, las leyes de carácter presupuestaria y subvenciones.
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Ramón López-Lax | Experto en e-Commerce. Over 20 years on advertising and ecommerce industry at large media organisations and growing start ups.
Understanding programatic advertising ecosystem and publisher monetisation needs.Emmanuel Márquez Ruiz | Redactor Especialista.
